Los bolsillos de los contribuyentes pesan cada vez menos. Después de la subida de la luz, el gas, el teléfono y demás recibos, este año habrá que aumentar algunos euros en las cuotas a pagar en determinados impuestos como el de Bienes e Inmuebles (IBI), el de Patrimonio y el de Transmisiones, que se verán afectados por la decisión de la Dirección General del Catastro, adscrita al Ministerio de Hacienda, de revisar 2,7 millones de fincas urbanas. Un número muy superior de viviendas si tenemos en cuenta que por finca se entiende cualquier edificación construida, sea esta un bloque de oficinas, casas o solares.
La estimación prevista de cara a la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado podrá rebajar, igualar o superar esta cifra en función del total de municipios que firmen el convenio para la revisión. El objetivo es ir actualizando el valor de las parcelas censadas, a un ritmo que oscila entre el 5% y el 10% del total de cada año.
Unos sí, otros no
Alcobendas, Alcorcón, Coslada y Valdemorillo ya han dado el visto bueno y comenzarán a lo largo de este primer semestre los trabajos de inspección, que tendrán aplicación a partir de 2008. Otros grandes municipios madrileños como Alcalá de Henares y Getafe deberían haber entrado en el grupo de ayuntamientos a revisar, aquellos que no lo hacen desde hace 10 años, pero diversas motivaciones políticas, como la cercanía de las elecciones, han hecho que en sus casos la inspección se prorrogue como mínimo un año.
Cada ejercicio el número total de fincas urbanas prestas a la actualización del valor catastral es mayor y ello responde, según los expertos, a una doble razón: por un lado el ritmo vertiginoso de construcción durante la última década, medio millón de fincas construidas anualmente, y, en segundo lugar, el rápido desfase que se produce en el valor de los antiguos inmuebles.
De acuerdo con los últimos datos oficiales puestos a disposición por el Catastro, varios de los municipios más importantes integrarán la lista final de este año. Es el caso de La Coruña, Orense, Santander, Palma de Mallorca, Zaragoza, Zamora, Burgos, Jaén, Gandía, Tarragona, Lérida, Málaga, Albacete y Cartagena. Con estos casos, si no se producen demoras, la notificación final del total de fincas revisadas podría resultar muy superior.
El efecto de esta subida, que en algunos casos puede superar el 300%, como fue el caso de Alberite (La Rioja), se dejará notar especialmente en la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles. No obstante, para paliar la fuerte presión fiscal, los ayuntamientos encargados de la recaudación de este tributo aplicarán cada año un porcentaje equivalente al 10% de la revalorización que resulte de cada inmueble hasta completar el 100% del aumento en 10 años. La revisión pretende actualizar el valor catastral al 50% del valor del mercado.
Además de la huella de la subida del IBI, otros impuestos anuales como el de Patrimonio o el IRPF notarán sensiblemente el aumento de esta revalorización. Así todos aquellos que tengan más de una vivienda y no esté alquilada tendrán que dar cuenta de ello en la próxima declaración de la renta con su nuevo valor catastral. Mayor será el aumento para los impuestos ocasionales como el de Transmisiones Patrimoniales (ITP), pues en el momento de la compra tendrán que desembolsar el porcentaje total de la subida del inmueble, o el de la Plusvalía Municipal, que hará lo propio en el momento de la venta.
