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LA COMUNIDAD MODIFICA LA LEY DEL SUELO PARA ATAJAR IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS
 El Gobierno regional ha vuelto a aprovechar la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para modificar una normativa autonómica de gran calado. El Ejecutivo va a introducir un cambio en la Ley del Suelo para que los convenios urbanísticos que firmen los Ayuntamientos no incluyan adelantos económicos y por tanto no condicionen el desarrollo de los planeamientos. Además, impedirá a los alcaldes ejecutar esos convenios hasta que no se apruebe definitivamente el planeamiento. El objetivo, según ha precisado el vicepresidente regional, es acabar con las irregularidades urbanísticas que están surgiendo en los últimos tiempos.
La modificación de la Ley del Suelo no tendrá carácter retroactivo, así que no se podrá aplicar a los convenios urbanísticos que se han firmado hasta ahora. Afectará a todos aquellos que se acuerden a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM), y de momento este jueves se ha dado el primer paso. Como ya viene siendo habitual, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha aprovechado la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para introducir cambios en una normativa de peso como es la Ley del Suelo. El vicepresidente primero regional, Ignacio González, ha argumentado que esta medida es de carácter "social", y que pretende acabar con "una práctica bastante generalizada" en el urbanismo madrileño.
Así, en la actualidad es frecuente que los ayuntamientos que inician modificaciones de su planeamiento urbanístico suscriban convenios con los propietarios del suelo en los que les garantizan una determinada edificabilidad en el plan que se tramita, a cambio de aumentar las cesiones establecidas legalmente. "Anticipan dinero que está condicionando el planeamiento futuro, que mete una presión mayor en la tramitación administrativa". En contraprestación, los propietarios o particulares se comprometen a ejecutar el convenio urbanístico, bien a través de un pago anticipado o en actuaciones en el municipio -por ejemplo, a través de la construcción de equipamientos-, sin esperar a que el plan haya sido informado por la Comunidad, que debe decidir sobre su aprobación definitiva o su denegación. Así, los convenios urbanísticos que suscriben Ayuntamientos y propietarios o particulares no se podrán ejecutar hasta que la Administración regional apruebe de forma definitiva el planeamiento urbanístico.
El Gobierno regional pretende evitar que los convenios urbanísticos "incluyan acciones económicas" que "puedan condicionar desarrollos futuros". Así, "serán nulos de pleno derecho los convenios que incluyan este tipo de cláusulas", ha advertido el portavoz del Ejecutivo autonómico. González ha defendido que esta modificación de la Ley del Suelo pretende introducir transparencia y seguridad jurídica en los procedimientos administrativos urbanísticos de transformación del suelo. De paso, evitará situaciones de presión o de conflicto entre las Administraciones locales y los particulares o propietarios de suelo.
González ha incidido en que muchos de los escándalos urbanísticos de los últimos tiempos se han debido precisamente a este tipo de prácticas. Así, volvía a referirse al caso Ciempozuelos e insistía en que el líder del PSOE, Rafael Simancas, debe dar explicaciones sobre "qué sabía él" de las presuntas irregularidades de sus dos ex alcaldes. "Parece que los agentes, el Banco de España y el Ministerio del Interior conocían desde el mes de abril" las irregularidades de Ciempozuelos, y la Fiscalía Anticorrupción "no actuó". "Esto es de interés general y necesitamos que se clarifique", pedía González, que también fue preguntado por el Plan General de Brunete. El vicepresidente ha aclarado que la Comunidad de Madrid devolvió el Plan al Ayuntamiento para que lo modificara y "procediese a revisar su densidad urbanística, que nos parecía excesivo".
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