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 El ayuntamiento de Colmenarejo declara ilegal el Reglamento que regula las consultas populares para evitar un referéndum contra la subvención a los toros. Ecologistas en Acción lamenta el grave déficit democrático del equipo de gobierno y de la oposición y denuncia los insultos y descalificaciones que han sufrido los miembros de esta organización.
El pasado 14 de mayo varios colectivos ciudadanos de Colmenarejo, entre lo que se encuentra Ecologistas en Acción, iniciaron una campaña de recogida de firmas, por la cual pedían la convocatoria de una consulta popular en el pueblo con la siguiente pregunta: ¿Quiere usted que el dinero que el Ayuntamiento de Colmenarejo dedica a las fiestas taurinas se destine, en lo sucesivo, a financiar los libros escolares, u otros fines de interés social cuando los libros sean subvencionados por la Comunidad de Madrid?
La petición se basa en el Reglamento de Participación Ciudadana, que requiere un 15% de firmas de vecinos con derecho a voto para tramitar la consulta. En apenas un mes se recogió un 20% de firmas, 230 más de las necesarias. En total fueron 934 firmas, sobre un total de 4.500 electores.
A finales de septiembre, se presentaron las firmas en el Registro Municipal, y no se volvió a saber nada por parte del Ayuntamiento hasta que el pleno, del pasado día 29 de noviembre, rechazó el asunto. Los miembros de los colectivos que promovieron la iniciativa, entre ellos Ecologistas en Acción de Colmenarejo, soportaron una avalancha de insultos y descalificaciones sin posibilidad de rebatir nada de lo que allí se decía. Algo desconocido hasta la fecha en este pequeño pueblo de la sierra madrileña.
Para poder rechazar la petición, basada en el Reglamento de Participación Ciudadana, el gobierno municipal dirigido por Isabel Peces-Barba Martínez, alcaldesa de Colmenarejo y miembro del partido independiente APIC, llegó a afirmar que dicho reglamento (promulgado por ella misma) era ilegal.
Los derechos de participación y petición están recogidos en los artículos 23 y 29 de la Constitución Española. Algunos ayuntamientos, deseosos de colgarse escarapelas democráticas (especialmente en periodos electorales) redactan reglamentos regulando estos derechos, conscientes de la dificultad que encierra recoger un 15% de firmas de ciudadanos con derecho a voto para convocar consultas populares. Pero en ocasiones los ciudadanos muestran una unanimidad y determinación en sus aspiraciones democráticas que desbordan las previsiones de sus gobernantes y les sitúan frente a un serio dilema: respetar los derechos democráticos de una mayoría cualificada o atender a los intereses políticos y económicos de una minoría. Y en Colmenarejo la respuesta de los partidos políticos ha sido clara y contundente: Ellos deciden cuáles son los derechos de los ciudadanos.
Ahora, los vecinos de Colmenarejo, se preguntan si la Sra. Peces-Barba también ha abolido la Constitución Española en el municipio, de la misma manera que su gobierno ha declarado ilegal el Reglamento de Participación ciudadana para evitar atender las demandas vecinales. El artículo 23 de la Carta Magna declara que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos (...)”, y el artículo 29 que “todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva (...)”. Tratar de ejercer estos derechos ha supuesto para Ecologistas en Acción de Colmenarejo y el resto de asociaciones convocantes, ser acusados en el Pleno Municipal de mentir, de manipular a los ciudadanos, de presionarles para conseguir su firma, de pedir cosas insustanciales, de dividir a la población... En un sorprendente ejercicio de unidad, que ni siquiera concitan los grandes temas de Estado, PSOE, PP, IU y el partido de la Sra. Peces-Barba, APIC, han votado unánimemente en contra de esta iniciativa.
Ecologistas en Acción lamenta profundamente el déficit democrático que muestran algunos Ayuntamientos, incluso aquellos gobernados por partidos que se autodenominan progresistas, y les anima a afrontar con valentía y decisión los retos de una sociedad que quiere ser moderna, democrática y participativa. Escuchar y respetar las legítimas demandas de los ciudadanos no es solo un deber de nuestros gobernantes, es la esencia misma de la democracia, y los partidos políticos tienen la obligación de velar porque así sea.
Fuente: Ecologistas en Acción
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